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DETIENEN A FACTURERO MEXICANO EN MIAMI

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, estaba prófugo de la justicia y fue detenido por su situación migratoria.

Se informó que el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont y prófugo de la justicia mexicana, se encuentra detenido en un centro de procesamiento en Florida.

Fue el pasado 15 de octubre cuando se informó que Álvarez Puga fue detenido el pasado 24 de septiembre por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y trasladado al centro de procesamiento North Krome, en Miami, por su situación irregular en Estados Unidos.

En el documento se señala que el mexicano ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 y tenía permiso para permanecer en el país hasta el 13 de julio del mismo año.

Álvarez Puga salió del país el 9 de julio con rumbo a las Bahamas, pero regresó, por barco, un día después. El día 11 de julio, solicitó asilo en Estados Unidos, alegando que en México sufría persecución por sus creencias políticas conservadoras y que tenía miedo de regresar a México debido a sus opiniones políticas y a su pertenencia a un determinado grupo social.

La solicitud fue presentada ante los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), y aún está pendiente. El mexicano fue detenido con fines de deportación, al no estar legalmente en Estados Unidos.

En el documento judicial, el mexicano cuestiona su detención y reclama su derecho a fianza. La juez de Distrito Cecilia M. Altonaga determinó que, en efecto, el detenido tiene derecho a una audiencia individual de fianza y exige se le asigne una fecha para ello o, de lo contrario, sea liberado.

Mientras que en México, Álvarez Puga y su esposa, presentadora de televisión cuyo paradero se desconoce, tienen orden de detención emitida por la Fiscalía General de la República en 2021 por lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal.

El empresario es señalado de participar en una red de empresas fantasma o “factureras” que se utilizaron para simular contratos y desviar recursos públicos por hasta 3 mil millones de pesos.

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