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Tras hacer una publicación en X, la ubicación de la conductora fue localizada en Miami
En febrero pasado, Inés Gómez Mont cometió un grave error, pues activó su cuenta de X al dar el pésame a Pati Chapoy por la muerte de Daniel Bisogno. Este pequeño gesto se trasformó en un punto para que las autoridades mexicanas pudieran localizar a la exconductora, que se ubicaba en Town & Ranch Estates, en Miami, Florida.
Las autoridades de la Unidad de Inteligencia Finanaciera junto a su titular Pablo Gómez han mencionado que en caso de que Gómez Mont llegara ante los tribunales mexicanos, le esperaría un proceso donde podría terminar pasando entre tres meses y 20 años de prisión.
Esta situación se podría dar a pesar de que los abogados de Mont, ya tiene preparada una defensa para no ser extraditada.
Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan una denuncia interpuesta por la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El delito de peculado del que se le acusa a Inés tiene penas que van desde los tres meses hasta los 14 años de prisión. En caso de que el proceso legal determinara a Inés como responsable del delito de delincuencia organizada, la conductora ameritaría de 10 a 20 años de prisión, de acuerdo con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Fue el pasado 26 de marzo se aprobó un amparo solicitado por Gómez Mont y Álvarez Puga, lo que permitió que fueran eliminados de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.
Esto les otorga la posibilidad de utilizar nuevamente el sistema financiero nacional sin restricciones. Sin embargo, Pablo Gómez enfatizó que esta medida no elimina las órdenes de aprehensión que pesan sobre ambos.
Los delitos que los que se habla son la malversación de recursos públicos por 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación (Segob), bajo la conducción de Miguel Ángel Osorio Chong, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Estos contratos fueron adjudicados en agosto y octubre de 2016, supuestamente para comprar un programa de interconexión de siete penales federales al C4 del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y fueron declarados reservados por el Comité de Transparencia de dicha institución durante 5 años alegando motivos de seguridad nacional.
Los documentos presentados por Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont fueron considerados fraudulentos por la autoridad hacendaria, al detectar que se simuló la competencia entre varios proveedores en el proceso de licitación, manipulación de entregables y hasta la presunta falsificación de firmas de funcionarios del órgano que administra las cárceles federales.
