En México fue presentada una iniciativa de decreto que propone imponer sanciones penales y económicas a mujeres que atribuyan de manera falsa la paternidad o las obligaciones de parentesco a una tercera persona. La propuesta plantea castigar esta conducta con penas de cárcel y multas.
El proyecto busca tipificar como delito la falsa imputación de paternidad, bajo el argumento de que genera afectaciones legales, patrimoniales y emocionales a quienes son señalados injustamente. Sus impulsores sostienen que la medida pretende cerrar vacíos legales en materia de responsabilidades familiares.
La iniciativa ha provocado un intenso debate público y legislativo. Mientras algunos sectores consideran que es una herramienta para proteger derechos y evitar abusos, otros advierten que podría criminalizar a mujeres en contextos de vulnerabilidad y abrir la puerta a interpretaciones discrecionales.
Especialistas señalan que la discusión deberá centrarse en el equilibrio entre sancionar conductas dolosas y evitar que la ley se convierta en un instrumento de persecución. El proyecto deberá ser analizado en comisiones antes de avanzar en el proceso legislativo.
