Ante el endurecimiento de las políticas de Estados Unidos contra el narcotráfico, el negocio de los vapeadores ha cobrado relevancia estratégica, señaló Alejandro Rosario, abogado que representa a comerciantes del sector.
El vapeo está regulado de manera distinta en Estados Unidos y Europa, mientras que al menos ocho países latinoamericanos lo prohíben. Japón lo ha utilizado como herramienta para reducir el tabaquismo, aunque las restricciones se han incrementado en los últimos años, impulsadas por las advertencias de la Organización Mundial de la Salud.
En México, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, crítico del vapeo, se emitieron alertas sanitarias tras casos de intoxicación en Estados Unidos. En 2021 prohibió por decreto la importación y en 2022 la comercialización, medidas que la Suprema Corte declaró inconstitucionales. Sin embargo, López Obrador optó por modificar la Constitución en lugar de rectificar.
Ya en 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó a los vapeadores en la misma categoría que el fentanilo. A pesar de ello, los dispositivos continuaron entrando desde China y Estados Unidos y se vendían en tiendas y plataformas digitales debido a la ausencia de leyes secundarias que concretaran la prohibición. La nueva legislación establece penas de hasta ocho años de prisión por cualquier actividad relacionada con el vapeo, aunque organizaciones civiles advierten que la falta de claridad sobre la posesión para consumo abre la puerta a abusos y corrupción.
Mientras se gestaba la prohibición total, el crimen organizado fue ocupando el mercado en estados del norte y grandes ciudades como Ciudad de México y Guadalajara. Según testimonios, algunos grupos incluso marcaron sus productos con sellos o calcomanías, práctica similar a la utilizada en el tráfico de fentanilo. Comerciantes han denunciado intimidaciones, extorsiones y violencia para obligarlos a abandonar sus negocios o vender mercancía suministrada por los cárteles, que les ofrecían protección frente a las autoridades.
Los vapeadores desechables, por su bajo costo y popularidad, se han convertido en los preferidos de la delincuencia. Grupos criminales ya operan como proveedores disfrazados de empresas formales, comprando carcasas en Asia para rellenarlas sin control sanitario. Un informe reciente señala que el Cártel de Jalisco Nueva Generación participa en el reempaque de dispositivos asiáticos, mientras que el Cártel de Sinaloa y organizaciones locales en Acapulco y Tepito también dominan el mercado negro del vapeo, además de estar involucrados en el contrabando de tabaco.
La entrada en vigor de la prohibición se hizo visible cuando más de 50 mil vapeadores decomisados fueron exhibidos en el Zócalo capitalino. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la medida busca proteger a la juventud, el mismo argumento utilizado por la presidenta Sheinbaum.
En Brasil, donde el vapeo está prohibido desde 2009, su consumo sigue creciendo entre jóvenes. En contraste, en Estados Unidos el uso adolescente cayó en 2024 al nivel más bajo en una década, en un entorno cada vez más regulado.
Mientras tanto, algunos consumidores mexicanos realizan compras de pánico para asegurar dispositivos antes de que desaparezcan del mercado legal. Otros vendedores intentan sobrevivir en la clandestinidad, operando únicamente por teléfono celular y evitando cualquier presencia en línea o física para no ser detectados.
