Caravanas, bloqueos parciales y largas filas de vehículos sacudieron distintas entidades del país; el gremio exige seguridad, mejores carreteras y revisar los costos fiscales y de peaje.
Las carreteras mexicanas se convirtieron en escenario de una jornada de protestas de transportistas que se extendió por distintos estados, con concentraciones de camiones, caravanas a paso lento y afectaciones en importantes vías de comunicación. El gremio reclama mayor seguridad ante los asaltos y las extorsiones, mejoras en la infraestructura carretera y cambios en las condiciones fiscales que, aseguran, elevan sus costos de operación.
Ante las movilizaciones, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que mantiene abiertos los canales de diálogo y llamó a evitar bloqueos que afecten el libre tránsito, el traslado de mercancías y las actividades comerciales. La dependencia reportó manifestaciones en 19 estados, con 38 puntos de concentración, 691 vehículos y 858 personas; sin embargo, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) cuestionó esas cifras y sostuvo que las protestas alcanzaron las 32 entidades.
La organización pidió una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer mesas de trabajo con compromisos y fechas concretas de cumplimiento. Entre sus demandas también figura la revisión de los estímulos fiscales relacionados con los peajes y los gastos que enfrentan diariamente los operadores.
Uno de los puntos más complicados se registró en el Valle de México, donde las movilizaciones afectaron los accesos por las autopistas México-Pachuca y Chamapa-Lechería. Cientos de automovilistas quedaron atrapados en las filas, mientras policías capitalinos frenaron el avance de una caravana en los límites de Tlalnepantla y la alcaldía Gustavo A. Madero.
En la Chamapa-Lechería, transportistas ocuparon los carriles con dirección a la México-Querétaro, lo que provocó afectaciones viales y obligó a conductores a buscar rutas alternas.
En el Estado de México también se reportaron unidades estacionadas en puntos de Toluca, sobre Paseo Tollocan y la carretera Toluca-Atlacomulco. Mientras tanto, en Aguascalientes, los manifestantes ocuparon parcialmente la carretera federal 45, donde, pese a dejar un carril libre por sentido, se formaron largas filas.
Las protestas también alcanzaron Tlaxcala, con concentraciones en cuatro puntos carreteros; San Luis Potosí, donde una caravana avanzó lentamente por la carretera 57, y Guanajuato, con afectaciones parciales en accesos a León e Irapuato. En Nuevo León, los transportistas se concentraron en las carreteras a Laredo, Monterrey-Saltillo y Nacional.
En Sonora, más de 80 empresas afiliadas a Canacar anunciaron su participación en movilizaciones en Hermosillo y otros municipios, aunque los organizadores señalaron que las concentraciones se desarrollaban de manera pacífica y sin bloquear por completo la circulación.
En el sur de Tamaulipas, una caravana de más de 20 kilómetros sobre la avenida de la Industria y el bulevar de los Ríos afectó el flujo de mercancías hacia el puerto de Altamira. En Campeche, los transportistas exigieron mayor seguridad y frenar los cobros excesivos de grúas; en Nayarit, reclamaron cambios fiscales para poder deducir gastos como combustible, casetas y reparaciones mecánicas.
Veracruz también registró movilizaciones en cuatro vías de comunicación. Representantes del sector señalaron que, aunque los robos habrían disminuido, la violencia durante los asaltos continúa siendo una preocupación para los operadores.
En Morelos, una caravana recorrió Cuernavaca y concluyó en la glorieta de La Paz. Los participantes denunciaron inseguridad, carreteras deterioradas y cobros excesivos de grúas y corralones. Las afectaciones llevaron a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a cancelar las clases presenciales de ese lunes.
Quintana Roo, Sinaloa y Durango también reportaron movilizaciones. En Culiacán, alrededor de 150 camiones participaron en recorridos y suspensiones breves del paso en la caseta La Costera. En Durango, transportistas denunciaron que durante los últimos dos años han perdido aproximadamente 10 unidades por hechos violentos registrados en Sinaloa, entre camiones quemados, robos de carga y otros ataques.
Mientras los transportistas insisten en que necesitan garantías para trabajar sin poner en riesgo su vida y su patrimonio, el Gobierno federal sostiene que el diálogo continúa abierto y pide evitar afectaciones a la población.
El conflicto mantiene bajo presión a distintas carreteras y corredores logísticos del país. La exigencia del gremio es alcanzar acuerdos concretos sobre seguridad, infraestructura y costos operativos; mientras no haya respuestas que consideren suficientes, las organizaciones advierten que definirán los siguientes pasos de sus movilizaciones.
