El gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció este jueves 22 de octubre la designación de cinco organizaciones criminales y armadas de América Latina como entidades terroristas, entre ellas dos grupos mexicanos: el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana.
La decisión fue formalizada mediante una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, publicada en el Boletín Oficial argentino. La medida también incluye a Los Tiguerones, organización criminal de Ecuador, así como a las colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De acuerdo con las autoridades argentinas, la designación responde a la capacidad operativa de estas organizaciones, sus actividades ilícitas y su expansión internacional, factores que, según el gobierno, representan riesgos para la seguridad de la población y la estabilidad regional.
Como parte de la resolución, las cinco organizaciones serán incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), mecanismo que permitirá fortalecer la vigilancia de operaciones financieras, prevenir posibles actividades de financiamiento ilícito y facilitar el intercambio de información con autoridades de otros países.
El gobierno argentino señaló que la decisión se sustenta en informes de inteligencia elaborados por las dependencias correspondientes, los cuales advierten sobre la diversificación de actividades criminales y la capacidad de estos grupos para operar más allá de las fronteras de sus países de origen.
La incorporación al registro también permitirá aplicar medidas de prevención y control financiero previstas en la legislación argentina, con el propósito de dificultar el movimiento de recursos vinculados con las organizaciones señaladas.
La medida representa una nueva acción del gobierno de Javier Milei contra el crimen organizado transnacional, en un contexto de creciente cooperación internacional para combatir el narcotráfico, el financiamiento ilícito y las redes criminales que operan en América Latina.
