En el marco del 5° Encuentro Internacional por un Mundo Digital Libre de Violencia Sexual Infantil, integrantes del gabinete federal y activistas alertaron que 17 millones de niñas, niños y adolescentes en México están en riesgo constante ante la falta de una Ley de Ciberseguridad y una estructura institucional limitada.
A pesar de la magnitud del riesgo, el titular de la Unidad de Inteligencia e Investigación Cibernética de la SSPC, Israel Agüero, reveló que solo cuentan con 90 especialistas para monitorear las amenazas que acechan a millones de menores. Aunque admitió desconocer el presupuesto asignado, subrayó que la prioridad actual es la inversión en tecnología de monitoreo especializado por encima del aumento de personal.
Agüero reconoció un vacío legal crítico: “No contamos con una ley de ciberseguridad”, lo que obliga a las policías a realizar malabares jurídicos para encuadrar delitos y sancionar a los agresores. No obstante, destacó que la coordinación con la FGR y organizaciones civiles ha logrado 20 detenciones en el último año.
Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva del Sipinna, informó que el 25% de los menores que navegan en redes ya han sufrido algún incidente o han estado expuestos a material de abuso sexual. La funcionaria denunció que las plataformas internacionales suelen escudarse en la “libertad de expresión” para evadir sanciones por permitir contenidos violentos.
Por su parte, Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, advirtió que México es el principal consumidor de pornografía a nivel mundial, con menores accediendo a ella desde los 11 años, y criticó la falta de inteligencia penitenciaria para generar políticas de prevención reales.
Ante la proximidad de la Copa Mundial de Futbol, las autoridades confirmaron que ya trabajan en un protocolo de incidentes cibernéticos junto a la FIFA para prevenir la explotación infantil durante el evento.
Reportes ciudadanos: La plataforma Te Protejo México ha recibido más de 18 mil reportes desde 2022; el 94% vinculados a material de abuso sexual infantil.
Contexto global: Según INHOPE, las denuncias ante Interpol por circulación de material de abuso crecieron un 200% en 2024.
Legislación: Existen actualmente seis iniciativas en el Congreso de la Unión para regular redes sociales que permanecen pendientes.
A pesar de los discursos oficiales, la realidad operativa revela brechas profundas que dificultan la protección efectiva de la niñez en el entorno digital. Las principales limitaciones señaladas durante el encuentro son:
-Déficit de personal especializado: Con apenas 90 integrantes en la Unidad de Inteligencia y Operaciones Tecnológicas de la SSPC, el gobierno federal enfrenta el reto de proteger a 17 millones de menores. Esta cifra implica que existe aproximadamente un solo especialista por cada 188,000 niños y adolescentes con acceso a internet en el país.
-Vacío legal y normativo: México aún carece de una Ley Federal de Ciberseguridad consolidada. El responsable de la policía cibernética, Israel Agüero, reconoció que la falta de este marco jurídico obliga a las autoridades a “cuadrar” hechos delictivos bajo leyes generales, lo que complica la tipificación y sanción directa de los violentadores digitales.
-Presupuesto incierto y falta de inteligencia: Existe una opacidad reconocida sobre los recursos financieros destinados específicamente a esta área. Mientras el funcionario de la SSPC se excusó de dar detalles presupuestarios, activistas como Saskia Niño de Rivera denunciaron que la ausencia de inteligencia penitenciaria impide crear políticas de prevención basadas en los perfiles de los agresores ya detenidos.
-Impunidad y “Cifra Negra”: La desconfianza en las instituciones alimenta la falta de denuncias. La secretaría ejecutiva del Sipinna admitió que la justicia no siempre prospera, lo que genera un ciclo de impunidad donde los agresores rara vez enfrentan consecuencias legales.
-Resistencia de plataformas internacionales: El gobierno enfrenta la limitación de que las grandes redes sociales operan bajo normativas internacionales y suelen invocar la libertad de expresión para evitar regulaciones locales o la moderación estricta de contenidos violentos que involucran a menores.
