Carlos Alberto Torres Torres, entonces esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se puso en el ojo del huracán después de que le revocaran su visa de turista por parte del gobierno de Estados Unidos; ahora se enfrenta a cargos formales como imputado.
La Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo una investigación a políticos y empresarios bajacalifornianos, entre ellos se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, excoordinador de Proyectos Especiales del gobierno de Baja California y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
De acuerdo al citatorio de la FGR, se exige la comparecencia de Torres Torres en sus oficinas centrales de la CDMX, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, donde deberá estar acompañado de un abogado y documentos de identificación oficial.
De acuerdo con lo informado, la denuncia anónima, (por algunos de los implicados), abarca al menos a 20 personas, incluyendo al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; el exalcalde de Ensenada y actual senador, Armando Ayala Robles; el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez; y el hermano de Torres, Luis Alfonso Torres Torres.
En mayo pasado, Torres Torres se colocó en el centro de atención mediática cuando, junto a su entonces aún esposa, dieron a conocer que sus visas de turista fueron revocadas por parte del gobierno de Estados Unidos, y ahora se enfrenta a cargos formales como imputado.
Esta citación ocurre en medio de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita y presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Fue el pasado mes de octubre cuando la gobernadora de Baja California, Marina Ávila Olmeda anunció que su divorcio se encontraba en proceso, tras meses de especulaciones sobre presiones de Washington por supuestos lazos con el narcotráfico.
Hasta el momento, ni Torres Torres, ni su exesposa han emitido declaraciones oficiales sobre el citatorio.
Fue el pasado mes de mayo cuando una publicación reveló que Torres y su hermano Luis Alfonso están bajo investigación en México y EU por tráfico ilegal de diésel (huachicol), evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.
La carpeta de la FGR, abierta el 26 de marzo de 2025, surgió del aseguramiento en Ensenada de un predio con contenedores que albergaban casi 8 millones de litros de combustible ilícito procedente de Texas.
Fue el pasado 10 de noviembre, cuando el Departamento del Tesoro de EU sancionó a una red ligada al Cártel de Sinaloa, incluyendo a Jorge Arturo Rojas Navarro, socio de José Galicot Behar. Este empresario, amigo cercano de Torres, comparte con él lazos políticos y empresariales documentados en eventos públicos y proyectos regionales. Las empresas de Galicot-Rojas, como Escénica Publicidad y Kuk Lab, han obtenido contratos millonarios en Baja California y Sonora para telemetría y geolocalización, presuntamente usados para blanquear fondos de “La Mayiza”, facción sinaloense.
