La exconsejera presidenta estaría entre las 25 personas cuyos recursos fueron bloqueados junto con 15 empresas vinculadas a proveedores electorales.
¡Se le complica el panorama a Guadalupe Taddei! La exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenara bloquear las cuentas de 25 personas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales, entre quienes presuntamente se encuentra la exfuncionaria.
La medida fue anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), después de detectar operaciones financieras con elementos de riesgo que ameritan ser investigados. Además, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si existen posibles responsabilidades.
Aunque la UIF no dio a conocer públicamente los nombres de las personas involucradas, fuentes del Gobierno Federal señalaron que Taddei estaría entre las afectadas por el bloqueo, relacionado con los señalamientos de presunta corrupción que rodean a su gestión al frente del organismo electoral.
El escándalo se suma a las investigaciones por presuntas irregularidades en la asignación de contratos a proveedores del INE, entre ellos el empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado por sus presuntos vínculos con el entorno familiar de la exconsejera.
Por si fuera poco, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también realiza una revisión integral al INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), luego de detectar indicios de irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público, así como posibles conflictos de interés en licitaciones y contrataciones.
Cabe recordar que Guadalupe Taddei formalizó su renuncia a la presidencia del INE el pasado 26 de octubre, después de las controversias relacionadas con los contratos otorgados durante su administración.
Sin embargo, Hacienda aclaró que el bloqueo de cuentas es una medida preventiva y administrativa, por lo que no significa que las personas involucradas sean culpables. Ahora corresponderá a la FGR investigar las operaciones financieras y determinar si existen elementos para proceder legalmente.
