La Cooperativa Pascual encendió las alertas por el millonario impacto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), cuyo pago podría superar los 900 millones de pesos durante 2026, una carga que, según sus representantes, amenaza sus inversiones y fuentes de empleo.
Verónica Cruz Reyes, comisionada de Relaciones Públicas, y Nayeli Arely Aquino Vargas, secretaria de la Comisión de Educación de la cooperativa, advirtieron que el incremento fiscal ha obligado a replantear proyectos importantes, entre ellos la instalación de una planta en Laredo.
La organización señaló que mantener las actuales condiciones tributarias podría poner en riesgo puestos de trabajo, por lo que ha optado por absorber buena parte del aumento para evitar trasladar todo el costo a los consumidores mediante incrementos en sus productos.
Pascual sostiene que su modelo de propiedad colectiva y producción no opera bajo las mismas condiciones que las grandes compañías refresqueras, por lo que exige un tratamiento fiscal diferenciado.
Aunque la empresa no ha anunciado cierres ni despidos, la advertencia ya está sobre la mesa: los impuestos millonarios podrían comprometer sus planes de crecimiento y la estabilidad laboral de sus trabajadores. El futuro de una de las marcas mexicanas más tradicionales queda así en medio de la disputa por las condiciones fiscales.
