Carlos Torres fue sancionado por Estados Unidos por presuntos vínculos con una red ligada a Los Mayos; la gobernadora se deslinda y asegura que no está sancionada.
La polémica alrededor de Marina del Pilar Ávila Olmeda subió de nivel luego de que el gobierno de Estados Unidos sancionara a su exesposo, Carlos Alberto Torres Torres, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señala como presunto operador político relacionado con una estructura de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa.
Ante los señalamientos, la gobernadora afirmó que está legalmente divorciada de Torres desde 2025, que desconoce las actividades que se le atribuyen y que su único vínculo actual con él es el bienestar de su hijo. También enfatizó que su nombre no aparece entre las personas sancionadas por la OFAC.
Marina del Pilar ordenó además revisar si empresas incluidas en las sanciones estadounidenses han tenido contratos con el Gobierno de Baja California y advirtió que, de encontrarse irregularidades, se procederá conforme a la ley.
Pero el escándalo tomó otro giro este 5 de octubre, cuando diputados federales del PAN acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia contra la mandataria y solicitar que se investiguen presuntas conductas delictivas relacionadas con su administración. Los legisladores sostienen que existen elementos que deben ser esclarecidos; hasta el momento, la denuncia por sí misma no acredita responsabilidad penal.
El caso también ha puesto bajo los reflectores a Vida Orgánica Tijuana, empresa que fue incluida por la OFAC entre las compañías sancionadas y de la que Marina del Pilar fue socia fundadora antes de ceder su participación, según información publicada recientemente.
Mientras crece la presión política, Carlos Torres ha negado tener cualquier relación con grupos o actividades criminales, y la gobernadora sostiene que los señalamientos contra su exesposo no implican una acusación en su contra.
