Lo que parecía un conflicto laboral terminó bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR). La autoridad investiga una presunta red que habría utilizado juicios laborales simulados para presionar a empresas y reclamar fuertes cantidades de dinero, entre ellas Grupo Herdez.
De acuerdo con la investigación, las demandas habrían sido presentadas por personas que supuestamente nunca tuvieron una relación laboral con las compañías señaladas. La estrategia, según testimonios incorporados a la carpeta, consistiría en inflar los conceptos de las supuestas violaciones laborales y elevar las cantidades reclamadas para forzar acuerdos económicos.
Uno de los casos comenzó en 2007 y fue atraído posteriormente por la FGR. En la carpeta aparece el testimonio de Irene León Escamilla, quien señaló que el procedimiento habría sido impulsado desde el despacho de un abogado identificado como Humberto Cavazos Chena.
La mujer aseguró incluso haber comprobado que uno de los supuestos trabajadores demandantes nunca había laborado para las empresas involucradas.
Pero la investigación tomó un giro aún más delicado: también existen referencias a presuntas maniobras para embargar las cuentas de Grupo Herdez, después de que la empresa se negara a aceptar las exigencias económicas planteadas.
La declaración de León Escamilla refiere que, tras abandonar el lugar, recibió instrucciones para realizar las gestiones encaminadas al embargo de las cuentas del grupo.
Ahora, la FGR busca determinar si detrás de estos litigios existió una operación coordinada y quiénes habrían participado en su preparación y ejecución. La investigación también deberá establecer si se utilizaron documentos apócrifos o información falsa dentro de procedimientos judiciales.
El caso pone bajo los reflectores un posible esquema en el que los tribunales laborales habrían sido utilizados, presuntamente, como una herramienta de presión económica contra empresas.
