Mónica Calles acusa que una denuncia ante la FGR derivó en medidas contra sus redes sociales; el caso llegó al Consejo General del INE.
El conflicto laboral de una extrabajadora del Instituto Nacional Electoral (INE) terminó escalando hasta la Fiscalía General de la República (FGR) y ahora desató una fuerte polémica por las medidas solicitadas contra su abogada, Mónica Calles Miramontes.
Calles representa a una exempleada que denunció presunto acoso laboral y despido injustificado. Según lo expuesto por la litigante, su clienta afirmó que el 20 de agosto de 2025 permaneció alrededor de 10 horas encerrada en una oficina del instituto. La abogada difundió videos y publicaciones sobre el caso y cuestionó la actuación de funcionarios del INE.
El asunto dio un giro cuando Andrea Gutiérrez Sánchez presentó una denuncia ante la FGR contra Calles. La abogada sostiene que la investigación está relacionada con publicaciones sobre la diligencia y que se le atribuyen presuntas amenazas.
Pero la polémica subió de tono por una medida solicitada ante la Fiscalía: la suspensión temporal de las cuentas de Calles en X, Facebook, YouTube y TikTok mientras continúa la investigación. El propio documento citado durante la sesión del Consejo General del INE contempla esa solicitud.
La situación llegó este jueves al Consejo General del INE, donde Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos México, cuestionó el caso y pidió atención a las denuncias sobre despidos y estabilidad laboral dentro del organismo. También señaló como punto de preocupación la solicitud relacionada con las redes sociales de la abogada.
Calles, por su parte, sostiene que existe una persecución en su contra y que las acciones legales buscan limitar su ejercicio profesional y sus publicaciones. El INE ha precisado que el organismo no presentó directamente la denuncia penal, por lo que las acciones promovidas por particulares no representan necesariamente una postura institucional.
El caso permanece abierto y reúne versiones contrapuestas sobre el conflicto laboral, la actuación de funcionarios del INE y el alcance de las medidas solicitadas ante la FGR. Hasta ahora, las acusaciones de acoso, irregularidades y persecución forman parte de las versiones de las personas involucradas y no constituyen por sí mismas una resolución judicial que determine responsabilidades.
