Christian Mishel Castro Bello propone endurecer el Código Penal Federal contra servidores públicos vinculados con el crimen organizado, la corrupción o el uso ilegal de recursos públicos. Al menos esa es la apuesta del diputado priista quien propuso una reforma para considerar como “traidores a la patria” a servidores públicos que tengan vínculos con el crimen organizado o utilicen su cargo para obtener beneficios ilegales.
La iniciativa busca castigar a funcionarios a quienes se acrediten delitos relacionados con delincuencia organizada, como delitos contra la salud, contrabando de hidrocarburos, secuestro o extorsión, así como el uso de recursos provenientes de esas actividades para financiar su actividad política.
El castigo propuesto podría alcanzar hasta 40 años de prisión, además de multas equivalentes a seis años del salario que percibían en el cargo del que presuntamente obtuvieron beneficios para actividades ilícitas.
La propuesta también contempla aplicar esta figura a funcionarios involucrados en la distracción o uso ilegal de recursos públicos para beneficio propio o de terceros, así como a quienes no puedan acreditar legítimamente un incremento en su patrimonio.
En estos casos, nuevamente se plantean hasta 40 años de cárcel, además de multas equivalentes al dinero utilizado ilegalmente o al incremento patrimonial que no haya podido ser comprobado.
Castro Bello argumentó que la reforma busca recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y enfrentar los casos en los que funcionarios utilizan el poder público para establecer vínculos con organizaciones criminales o desviar recursos. Como ejemplo, mencionó diversos escándalos de corrupción, entre ellos el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
