Una nueva grabación muestra a la gobernadora de Baja California manifestando su disposición a cooperar con autoridades estadounidenses, en medio de versiones sobre una investigación en su contra.
Un nuevo audio difundido por el periodista Héctor de Mauleón volvió a colocar en el centro de la polémica a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. En la grabación, la mandataria expresa su disposición para colaborar con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), lo que contrasta con sus declaraciones públicas, en las que negó haber buscado acuerdos privados con autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con el material difundido, un intermediario identificado como asesor del FBI le habría advertido que las agencias estadounidenses consideraban agotadas las conversaciones con ella y que enfrentaba una “última oportunidad” antes de que avanzaran posibles acciones legales. Durante el diálogo, la gobernadora cuestiona si podría enfrentar un proceso de extradición o sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En la conversación, Ávila Olmeda asegura estar dispuesta a colaborar como informante y afirma que podría compartir información obtenida en las mesas de seguridad. Asimismo, reconoce haber sostenido reuniones con representantes del FBI y del Departamento de Justicia, aunque rechaza viajar a Estados Unidos y propone que futuros encuentros se realicen en un hotel de Tijuana, en lugar del consulado estadounidense.
La difusión del audio reavivó el debate sobre el caso, luego de que el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, señalara que la explicación de la gobernadora sobre un presunto problema con su visa resultaba poco convincente. El jurista consideró que la participación del FBI podría apuntar a una investigación de mayor alcance y destacó que la mandataria es representada por el abogado Michael Nadler, exfiscal federal especializado en delitos financieros y lavado de dinero.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente la existencia de una investigación contra la gobernadora, mientras que la autenticidad y el contenido del audio forman parte del debate público generado tras su difusión.
