El Congreso capitalino aprobó restricciones en conciertos, ferias, palenques y hasta escuelas; habrá sanciones y clausuras
La guerra contra los narcocorridos ya llegó a la capital del país. El Congreso de la Ciudad de México aprobó una nueva ley que prohíbe la música que haga apología del delito en eventos públicos, conciertos, ferias y espacios masivos.
Con 44 votos a favor, diputados capitalinos dieron luz verde a las restricciones contra canciones que exalten al crimen organizado, la violencia y actividades ilícitas, desatando un intenso debate sobre censura y libertad de expresión.
La nueva medida aplicará en auditorios, estadios, palenques, festivales, plazas públicas e incluso escuelas, donde quedará estrictamente prohibida la reproducción de este tipo de música.
Además, las autoridades podrán negar permisos o cancelar eventos donde se incluyan narcocorridos dentro del repertorio oficial.
La iniciativa también modifica la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para impedir que menores de edad estén expuestos a contenidos que presenten el crimen como una forma de éxito o aspiración de vida.
Durante la discusión, legisladores definieron la “apología del delito” como cualquier mensaje que glorifique, justifique o normalice actividades criminales y actos violentos.
La diputada Laura Álvarez Soto, impulsora de la reforma, aseguró que la intención no es prohibir géneros musicales, sino evitar la normalización de la violencia entre jóvenes.
Con esta decisión, la Ciudad de México se suma a otros estados que ya endurecieron medidas contra este tipo de música, como Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Estado de México y Quintana Roo.
En algunos municipios mexiquenses ya existen sanciones de cárcel y multas económicas, mientras que otras entidades niegan permisos para conciertos relacionados con narcocorridos.
Ahora, promotores y organizadores de espectáculos deberán modificar sus carteleras o podrían enfrentar clausuras, cancelaciones y la pérdida definitiva de licencias comerciales.
La polémica ya estalló en redes sociales, donde algunos usuarios celebraron la medida como un golpe contra la violencia, mientras otros la calificaron como un acto de censura disfrazado de seguridad pública.
