La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno abrió una investigación automática contra el secretario de Economía Marcelo Ebrard, luego de que saliera a la luz que su hijo residió durante aproximadamente seis meses en la Embajada de México en el Reino Unido.
El caso, que ya generó ruido político y mediático, está siendo revisado por la Secretaría Anticorrupción, la cual deberá determinar si se violó alguna norma o si existió un posible uso indebido de recursos públicos.
El escándalo tomó fuerza tras revelarse que la estancia ocurrió entre 2021 y 2022, cuando Ebrard era titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Según la información difundida, el joven habría permanecido en la residencia diplomática en Londres mientras realizaba estudios, lo que encendió cuestionamientos sobre el uso de espacios oficiales con fines personales. La polémica creció rápidamente en redes y medios, colocando el tema en el centro del debate político.
Ante la presión, Ebrard reconoció los hechos, pero rechazó cualquier irregularidad. Aseguró que su decisión respondió únicamente a una preocupación personal como padre en medio de la pandemia por COVID-19, destacando que no se utilizaron recursos públicos de manera indebida. Incluso explicó que fue la entonces embajadora quien ofreció apoyo, tratando a su hijo como uno más de la familia durante ese periodo complicado por las restricciones sanitarias.
Sin embargo, el tema no quedó ahí. Paralelamente, autoridades ya revisaban posibles irregularidades administrativas y financieras dentro de la embajada, lo que añade más tensión al caso.
La posibilidad de que existan fallas en la operación interna de la sede diplomática podría ampliar el alcance de la investigación y complicar el panorama para el funcionario.
Mientras tanto, desde Palacio Nacional se ha dejado claro que el proceso no implica culpabilidad, pero sí la obligación de esclarecer los hechos.
La propia Sheinbaum subrayó que, en caso de no existir normas claras sobre este tipo de situaciones, será necesario establecer lineamientos más estrictos para evitar controversias similares en el futuro.
El caso, que comenzó como una revelación periodística, ahora escala a una investigación formal que podría tener repercusiones políticas importantes, en un momento donde la transparencia y el uso de recursos públicos están bajo el escrutinio constante de la opinión pública.
