Legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa para gravar los electrolitos orales comerciales con impuestos como el IVA y el IEPS.
La propuesta busca reclasificar estos productos, actualmente registrados como medicamentos, para que se consideren bebidas saborizadas sujetas a gravámenes y a sellos de advertencia nutricional.
De acuerdo con los diputados impulsores, muchas marcas de electrolitos orales en México contienen niveles de azúcar comparables a refrescos y se venden de forma masiva en presentaciones saborizadas, sin receta y sin limitaciones médicas.
El diputado José Antonio López Ruiz, del PT, señaló que algunas fórmulas contienen hasta 3.5 % de azúcar y que la exención fiscal que actualmente disfrutan constituye una “distorsión” frente a otras bebidas industrializadas que sí pagan impuestos.
La iniciativa propone modificar la Ley del IVA, la Ley del IEPS y la Ley General de Salud para eliminar la tasa cero que se aplica a los electrolitos orales y obligar a sus fabricantes a colocar sellos frontales de advertencia nutricional conforme a la NOM-051.
Los legisladores calculan que esta reforma podría generar más de 5,000 millones de pesos anuales en recaudación.
Los electrolitos orales son soluciones de agua, sales y glucosa que se utilizan desde hace décadas para prevenir y tratar la deshidratación, especialmente en casos de diarrea, vómito, insolación o ejercicio intenso.
Instituciones médicas como la Clínica Mayo recomiendan el uso de sueros de rehidratación oral en cuadros de deshidratación leve a moderada, ya que la glucosa facilita la absorción de sodio y agua en el intestino y bajo la supervisión de un médico. En estos contextos, su eficacia está comprobada y su uso es parte de protocolos médicos en todo el mundo.
El debate surge porque, en México, muchas presentaciones comerciales incluyen azúcares añadidos, edulcorantes y saborizantes, lo que las acerca más a un producto de consumo masivo que a un medicamento. Para los legisladores, esa diferencia justifica que se elimine la exención fiscal y se les trate como bebidas azucaradas.
