La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha anunciado que está en medio de un proceso de divorcio tras seis años de matrimonio. La noticia llega casi cinco meses después de que su nombre ocupara los titulares nacionales e internacionales por la decisión del Gobierno de Estados Unidos de cancelarle la visa a ella y a su esposo, el también político Carlos Torres.
Este hecho puso a la gobernadora bajo la mira por semanas, pero los motivos de la cancelación del visado se mantienen, hasta el momento, desconocidos.
La mandataria ha terminado con las sospechas que se habían esparcido como pólvora por los pasillos del Palacio de Gobierno, según refieren medios locales.
El anuncio ha sido escueto. “Estamos en proceso de divorcio, yo respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá y lo estamos haciendo con mucho cariño y respeto”, lanzó la mandataria en su conferencia diaria, sin titubeos y en respuesta a un cuestionamiento de la prensa.
Todo comenzó en mayo cuando la gobernadora informó que el Gobierno de Donald Trump le impedía a ella y a su esposo el ingreso a los Estados Unidos.
El suceso atizó a la crisis y la tensión por la exigencia de EE. UU. a México de frenar la migración y combatir el crimen organizado, que vino acompañada de un puñado de declaraciones y decretos de Trump que pusieron contra las cuerdas a la presidenta, Claudia Sheinbaum. La propia mandataria, según dijo, desconocía los motivos de la decisión de su principal socio comercial.
Sin embargo la falta de información sobre las causas que motivaron la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos abrió la puerta a especulaciones.
En su momento, legisladores de Morena, confirmaron a este periódico que la medida obedecía a investigaciones y operativos que se realizan contra el llamado huachicol fiscal o contrabando de combustible en Baja California, de acuerdo a las indagatorias, el nombre de su esposo salió a flote, junto con él de su cuñado, Luis Torres.
El escándalo volvió a tocar recientemente a Morena en la entidad. Washington congeló las cuentas de la diputada oficialista Hilda Araceli Brown, por presuntos vínculos con empresas del crimen organizado. La maniobra ha sido seguida por las autoridades financieras de la Secretaría de Hacienda.
Esta bola de nieve comenzó a crecer, pues Marina del Pilar Ávila tuvo que enfrentar un puñado de polémicas que surgieron tras la revocación de su permiso migratorio. Se sumó el que se dio a conocer el tema de una casa en San Diego, California, valuada en 4,5 millones de dólares, y el congelamiento de cuentas bancarias en Estados Unidos.
El esposo de Ávila arrastra un pasado político que lo ha puesto bajo los reflectores en otras ocasiones. Fue diputado federal y local del opositor PAN; excandidato a alcalde de la ciudad de Tijuana por la misma bandera política, agrupación de la que fue expulsado en 2019 acusado de traicionar al partido por mostrarse en favor de ampliar el mandato del gobernador morenista Jaime Bonilla.
Torres ostentaba cargos en el Gobierno de Baja California y en el Ayuntamiento de Tijuana, según ha dicho, sin goce de sueldo, puestos de los que renunció en junio.
