La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso atrás en una compra que había generado críticas.
A través de un comunicado, los ministros informaron su decisión de no utilizar las nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee que se adquirieron recientemente.
Solicitarán iniciar el proceso para devolver los vehículos o, en su caso, a disposición de otros juzgadores que enfrenten mayores riesgos.
El anuncio se produce días después de que se diera a conocer la renovación de la flotilla oficial del máximo tribunal, con vehículos cuyo precio base oscila entre 1.07 y 1.77 millones de pesos cada uno.
El máximo tribunal emitió un breve pero contundente comunicado. Los puntos centrales son:
-Los ministros y ministras informan su decisión de no utilizar los vehículos adquiridos.
-Solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, para ponerlos a disposición de otros jueces con mayores riesgos.
-Reiteraron su “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo”.
La adquisición de los nueve vehículos se dio a conocer la semana pasada. La SCJN justificó la compra como parte de un “ajuste operativo” para fortalecer las medidas de seguridad institucional y proteger la integridad de los ministros.
Sin embargo, la decisión generó críticas por varios motivos:
-Costo: El precio base de cada camioneta (sin incluir el blindaje) oscila entre 1.07 y 1.77 millones de pesos.
-Contexto de austeridad: La compra ocurrió después de que el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, prometiera una etapa de mayor cercanía con la ciudadanía, austeridad y eliminación de gastos superfluos.
-Falta de justificación pública: No se informó sobre amenazas directas contra los ministros, resoluciones que elevaran su riesgo, o reportes oficiales que explicaran la urgencia del blindaje.
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su gobierno no realizó la compra. Señaló que fue el Poder Judicial quien tomó la decisión a través de su propio órgano administrativo.
Sheinbaum también recordó que la función principal de la Corte es definir la constitucionalidad de las leyes, más allá de posturas políticas.
Según el comunicado de la Corte, se seguirán dos posibles caminos: Devolución: Iniciar el proceso administrativo para regresar los vehículos ó Reasignación: Ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos en el país, siempre con apego a la normatividad.
La decisión de los ministros de no usar los vehículos marca un cambio tras la reacción pública. El caso pone sobre la mesa el debate sobre el uso de recursos públicos en el Poder Judicial, la percepción de austeridad y los protocolos de justificación para gastos de seguridad en órganos autónomos.
