-Primero su lucha contra la SCJN y el gobierno para evitar pagar 48 mil mdp; y ahora Hacienda va tras sus casinos
A unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta siete de los nueve juicios fiscales abiertos contra él, el empresario Ricardo Salinas Pliego advirtió que la resolución no será definitiva y acusó presiones políticas en su contra. La Corte analizará este jueves los recursos interpuestos por Grupo Salinas para determinar si las impugnaciones son válidas o si los créditos fiscales reclamados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberán pagarse en su totalidad.
El conjunto de litigios asciende a unos 35 mil millones de pesos, aunque con multas y recargos la cifra podría alcanzar los 48 mil millones, según estimaciones del Gobierno federal. Los expedientes se remontan a la eliminación del régimen de consolidación fiscal en 2013, cuando el grupo habría mantenido beneficios indebidos al no realizar un ajuste contable en ejercicios previos.
Salinas Pliego ha sostenido que el cobro exigido por las autoridades “equivale a dos días de gasto público” y que el proceso “no busca justicia fiscal, sino presión política”. Los casos derivan de hechos ocurridos hace más de quince años y han generado más de un centenar de juicios secundarios, de los cuales la mayoría se resolverá esta semana.
Ahora también tiene que lidiar con que la Secretaría de Hacienda informó que 13 casinos fueron incluidos en la lista de personas morales bloqueadas por presuntas operaciones de lavado de dinero, entre ellos dos filiales de TV Azteca.
Grupo Salinas acusó al Gobierno de México de ejercer una “persecución de Estado” en su contra, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informara sobre una investigación por presunto lavado de dinero que involucra a diversas casas de apuestas, entre ellas Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, ambas subsidiarias del conglomerado.
En un comunicado titulado “El acoso del gobierno en contra de Grupo Salinas debe cesar”, la corporación calificó la acción como “una nueva muestra del uso faccioso del aparato del Estado para asediar a Grupo Salinas por todos los frentes”, señalando directamente a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por anunciar la investigación.
El conglomerado, encabezado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, sostuvo que ha cumplido con los más altos estándares internacionales de prevención de lavado de dinero, “en conjunto con nuestros socios internacionales, en particular del Reino Unido”. Asimismo, aseguró que está preparado “para demostrarlo ante cualquier instancia competente”.
Grupo Salinas acusó directamente a la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, de encabezar “una acción arbitraria” que confirmaría, según su versión, “una campaña sistemática del gobierno” en su contra.
