En un nuevo caso de ataque a los periodistas y a su labor, en Guerrero el Tribunal Electoral del Estado (TEEGRO) determinó que el medio digital “Acapulco Trends” y su director, el periodista Jesús Gabriel Castañeda Arellano, incurrieron en violencia política en razón de género en perjuicio de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez.
Con esta sanción el periodista deberá pedir disculpas públicas por un lapso de 15 días a la alcaldesa y pagar una multa superior a los 22 mil pesos.
Esta resolución forma parte del procedimiento especial sancionador TEE/PES/052/2024, iniciado a partir de una denuncia interpuesta por la alcaldesa tras la publicación de una investigación periodística sobre presuntas irregularidades por 898 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior del Estado.
De acuerdo a lo que se señaló la investigación difundida por Acapulco Trends señalaba que el desvío estaría vinculado al manejo de recursos tras el paso del huracán Otis en 2023.
Y tras salir a la luz esta publicación, la alcaldesa presentó una denuncia ante el tribunal electoral, argumentando que el contenido de la nota y las expresiones en redes sociales del medio constituían violencia política de género.
Esta es la tercera vez que sentencia a Jesús Gabriel Castañeda Arellano, la primera ocurrió el 20 de agosto de 2024, el segundo fue a finales de 2024 y el tercero ocurrió 5 de julio de 2025, el tribunal apercibió al director del medio con una posible tercera multa, esta vez por 22 mil 628 pesos, en caso de continuar el desacato.
En respuesta a la sentencia, Acapulco Trends publicó un posicionamiento en el que cuestionó el fallo y acusó un intento de censura por parte de la alcaldesa.
“La presidenta, Abelina López, interpuso una denuncia en nuestra contra con la que busca censurarnos por ser críticos de su gobierno y exponer el presunto desvío de los 898 millones de pesos”.
Señalaron que la resolución del tribunal “claramente influenciado por la presidenta, Abelina López, pretende obligarnos a disculparnos durante 15 días consecutivos, una imposición que busca vulnerar nuestra dignidad y silenciarnos”.
El caso ha reactivado el debate en torno al uso de la figura de violencia política en razón de género, particularmente cuando se aplica en contra de expresiones críticas hacia figuras públicas.
